San Carlos en alerta: recortes al INTA y resistencias de Vecinos Autoconvocados
Esta semana en Sin perder la línea, los referentes de INTA San Carlos (Daniel Pizzolato y Alberto Pons) y de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata (Daniel Funes) trazaron un panorama crítico sobre lo que ocurre con el recorte presupuestario del INTA en Argentina y el avance del Proyecto San Jorge en Mendoza.
Recortes en INTA: crisis operativa en San Carlos
Desde la Estación Experimental del INTA en San Carlos (Mendoza), Pizzolato y Pons describieron un escenario de incertidumbre alarmante: alertan que un decreto nacional podría eliminar la autonomía del INTA, centralizar su gestión bajo el Ministerio de Economía, y recortar cerca de 1.500 puestos de trabajo. En sedes regionales como San Carlos y Cafayate ya se registró una reducción de personal de más del 20 % durante el último año: programas clave como ProHuerta fueron suspendidos, dejando a pequeños productores sin herramientas técnicas.
Pizzolato subrayó que en San Carlos “estamos en total incertidumbre”, y enfatizó que la relocalización de agencias de extensión rural y despidos impactan directamente en la matriz productiva regional. Pons complementó, explicando que el ajuste amenaza disciplinas esenciales como fitopatología, meteorología, edafología y patología animal, vitales para el desarrollo agroproductivo local.
Representantes del organismo provincial como Claudio Galmarini desde la regional Mendoza‑San Juan advierten que cualquier recorte presupuestario o de personal deteriora la capacidad de transferir ciencia y tecnología a la sociedad
Tema nacional y local: voces en el aire
Los entrevistados coincidieron en que la crisis institucional del INTA es parte de una política más amplia de desfinanciamiento del sistema científico‑técnico, afectando no solo al INTA, sino también al CONICET y otras dependencias estatales. Reclamaron que se entienda a la ciencia como inversión, y no como gasto.
En ese contexto, Daniel Funes, portavoz de los Vecinos Autoconvocados, puso en clave la situación ambiental y territorial que atraviesa Mendoza con el avance del Proyecto San Jorge, que se pretende habilitar con una audiencia pública oficial el 2 de agosto de 2025, en una locación ubicada en plena montaña, lo que fue denunciado como una “audiencia trampa”.
Funes anunció que la asamblea vecinal realizará una “Audiencia Pública del Pueblo” el mismo día en Uspallata, en la parroquia local, con formato abierto y público, respaldado por un escribano y protección legal otorgada por un habeas corpus preventivo para evitar hostigamientos o controles arbitrarios.
Destacó el histórico caravanazo que llegará desde distintos puntos de la provincia en solidaridad con la defensa del agua, convocado para el sábado 2 de agosto desde las primeras horas del día a Uspallata, rememorando las grandes movilizaciones en defensa de la ley 7722 en 2019.
Las voces de Pizzolato, Pons y Funes, que resuenan desde la voz de la comunidad, visibilizan el impacto real de estas políticas: no se trata solo de cifras o marcos formales, sino de la vida productiva, el trabajo científico y el bienestar ambiental de decenas de miles de mendocinos.
