Democratización de la educación superior y expresiones de desigualdad
Por Andrés Collado/Profesor e Investigador/Tec. Sup. en Comunicación Social/IES 9-015 “Valle de Uco”
En el presente, durante estas mismas horas, en algún lugar del edificio gubernamental de la provincia de Mendoza, se planifica el futuro de la mitad de todo el modelo de educación superior de la Provincia. Docentes, estudiantes, graduados, no docentes de administración y demás servicios, sabemos sólo de algunas de las medidas que se intentan implementar conocidas a través de unos pocos documentos que circulan entre las redes sociales, y declaraciones en diferentes medios de la actual coordinadora general de educación superior, Emma Cunietti.
Entendemos que estos cambios alcanzarían la organización completa del todo el sistema de educación superior no-universitario, desde la organización de la infraestructura, incluyendo la construcción de un edificio ubicado en el radio del gran Mendoza, el cierre de unidades académicas que no tengan edificio propio, la creación de un organismo de evaluación de carreras[1], injerencia en los planes de estudios[2], entre otras reformas. Todo esto se encuentra resguardado en el edificio del ejecutivo aislando del necesario debate a la comunidad educativa y sociedad general. De la descripción anterior reservamos dos puntos que preocupan a los y las docentes y estudiantes de nuestras instituciones, el decreto de carreras prioritarias y la discreta mención sobre los concursos docentes.
La declaración de carreras prioritarias presenta un reducido listado de carreras, que invita a pensar en la exclusión y el desconocimiento de las carreras “no-prioritarias”. El sistema de educación superior en Mendoza consta de una oferta educativa plural y abierta a demandas que la misma sociedad afirma como importantes para su desarrollo, en tanto que existen en ellas una constante y sostenida presencia de estudiantes y profesionales. Unos y otros desarrollan sus actividades sobre la base de un territorio que potencia la expresión total de la geografía provincial. Por otra parte, esta noción de prioridad de ciertas carreras tiene en el presente consecuencias discriminatorias en estudiantes que necesitan becas para poder cumplir sus aspiraciones de formación en carreras “no-prioritarias”. La segregación de un grupo de aspirantes a becas que posibilitan el acceso de educación superior desconoce las voluntades propias de formación de los sectores menos favorecidos socialmente; pretende, anula y condiciona las vocaciones, o en el mejor de los casos intenta generarlas de forma compulsiva. Esta “novedad administrativa” de “carreras prioritarias” afirma la desigualdad como condición irreductible de la sociedad, esta vez en torno al conocimiento que genera nuestra sociedad: los más favorecidos podrán estudiar lo que deseen y los que no, entonces estudiarán lo que se les imponga con un programa de becas. ¿Serán los profesionales, formados bajo estas medidas de promoción, idóneos en sus trabajos? ¿Este tipo de profesionales son los que requiere el mercado laboral?
No tratamos de negar la necesidad de formar profesionales bajo las demandas de un mercado laboral, dinámico, complejo y cambiante. Sin embargo tomemos como punto de partida que la oferta educativa existe, en condiciones de igualdad (o más o menos de igualdad) con las diferentes áreas de actividades y el conocimiento. El actual repertorio de carreras, y las que faltan, con su extensión territorial no puede considerarse como un retroceso del desarrollo social. Posiblemente para resolver las vacancias de profesionales podríamos hacernos más preguntas, ¿no debería el mismo mercado laboral promover el acceso a carreras existentes, que componen el abanico amplio de educación superior de la provincia?
El otro punto que dejamos para profundizar en estas líneas corresponde a la escueta referencia de los docentes de nivel superior. El reconocimiento docente en los documentos que circulan se limita al concurso de ingreso a las Instituciones. La norma sostiene que estos se realizarían por concurso de oposición con carpeta de antecedentes, atando la estabilidad de los docentes solo a 7 años. No queda claro en qué condiciones se realizarán estos concursos, criterios de formación de jurado, o de qué manera asegurar la ecuanimidad de estos, imparcialidad e igualdad de condiciones, considerando distintas formaciones; trayectos y tradiciones académicas, además de las técnicas y profesionales. En lo concerniente a la valoración de antecedentes, la ponderación de actividades docentes en el mismo ejercicio del magisterio, participación en grupos de investigación específica, tareas de extensión, entre otras de las actividades de las que consta el ejercicio docente de nivel superior.
Todo esto se encuentra en las aparentes intenciones de modificación sin considerar el proceso de titularización en marcha de una parte de los docentes bajo las condiciones de las paritarias 2015. Proceso de titularización que a la fecha, nos convoca esta nueva gestión, a repetir el tedioso trabajo de juntar probanzas, antecedentes y documentos varios para cumplir lo que los y las docentes en ejercicio ya cumplimos en su momento. Es decir, se piensa en una modificación de las condiciones históricas del trabajo docente de nivel superior, dando un salto de maroma al derecho adquirido para nuevamente ponerlo en cuestión. Como Sísifo comenzamos la absurda tarea de empujar la misma piedra hasta la cima de la montaña desconociendo si el esfuerzo nuevamente será inútil.
Las breves líneas referidas a las y los docentes en los pocos escritos que circulan preocupan. La histórica experiencia que tenemos con respecto a las consideraciones de nuestro trabajo por parte de un sector de la clase política está marcada por el silencio de gran parte de nuestro trabajo. Se ha generalizado que la tarea docente solo ocurre en las aulas, comienza en la hora de entrada y concluye a la salida de la jornada. El desconocimiento, la invisibilización de las actividades para la elaboración de las clases, completando el recorrido en un año escolar, constituye en la actualidad un acto de injusticia constante sobre un grupo de trabajadores/as desde el sector de gobierno. No existe ninguna línea escrita, ni sugerida, dentro los documentos que circulan problematizando el ejercicio docente, ¿cuánto tiempo llevan los rastreos bibliográficos?, ¿qué tiempos dedicamos a la elaboración de materiales de síntesis, mediación y/o de prácticos, secuencias didácticas, corrección de prácticos, supervisión de tareas, consultas? Tampoco son consideradas las muchas tareas administrativas, entre otras. En definitiva, la real actividad docente se encuentra fuera de las consideraciones del trabajo intelectual al cual pertenece, está reducida solo a la mínima expresión desarrollada en el aula.
Considerando los fines y objetivos planteados para el nivel superior, la ausencia de análisis o alguna evaluación sobre las condiciones actuales de las actividades docentes de nivel superior resulta una omisión injustificada.
La educación superior no universitaria tiene por finalidad proporcionar formación profesional humanística, social, docente, técnica, tecnológica y artística en el más alto nivel, contribuir a la preservación de la cultura local, provincial y nacional, promover la generación y desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y valores que requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética solidaria, reflexivas, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la república y a la vigencia del orden democrático. (Art 105, Ley Provincial de Educación 6970)
Las escuetas noticias sobre la reforma que pretende llevar adelante la actual gestión desconocen no solo la complejidad del trabajo docente de nivel superior, sino el ejercicio formativo y especializado del o la docente incluido en el ejercicio mismo de su trabajo. Un o una docente de nivel superior, en las mismas actividades que anteriormente describimos, especializa su propia formación. A estas actividades se suman una multiplicidad de instancias como congresos, seminarios, especializaciones, jornadas y demás instancias del circuito de la comunidad científica y cultural.
Dos instancias más involucran directamente las actividades de la docencia de educación superior, desarrollar proyectos de investigación y/o generar actividades de extensión. El reconocimiento gubernamental de estas instancias, fundamentales en las instituciones de educación superior y con una historia significativa en la educación Argentina, no superan la presencia en el organigrama de las instituciones. Al carecer de un presupuesto propio estos espacios dependen de las gestiones de los institutos, o nutrirlos con las no reconocidas horas contra cuatrimestre.[3]
Dentro de los planes de la actual gestión surge la intensión de fortalecer el área de investigación, reduciendo el abanico de posibilidades solo a investigaciones educativas. Estrechar los trabajos a las investigaciones educativas dejaría afuera de nuestros institutos la posibilidad de pensar problemas específicos, o plantear problemas de la actualidad en la región, además de alejarse de la comunidad científica a través de producciones propias. No es menor la importancia de generar capacidad de diálogo con la comunidad científica, nacional o internacional, en las distintas áreas que está conformada, desde los institutos de educación superior. Fortalecer el desarrollo de proyectos de investigación específica, técnica, social, artística, historiográfica, etc. promueve la especialización de docentes por fuera del mercado de títulos “post”[4].
Dejamos planteados estos puntos de muchos otros que debieran surgir de un debate abierto y público sobre el tema, involucrando al conjunto de actores que componen este complejo escenario, consejo de rectores/as, sindicato, gobierno, coordinación de educación superior, docentes, no docentes, estudiantes y profesionales, legislatura, universidades y otros… Es necesario debatir en un marco amplio sobre la actualización del sistema de educación superior provincial pero teniendo como horizonte una sociedad en formación, que está cambiando. Nuestra tarea es que esa sociedad sea más democrática y menos desigual.
[2] La crítica de que la educación se encuentra “muy centrada en los contenidos” y debería fortalecer más las capacidades (ver anterior), enuncia un modelo académico altamente cuestionable frente a los desafíos de un campo laboral donde lo domínate es la incertidumbre. La jerarquización de las capacidades frente a los contenidos incluso está reñida con las definiciones de las organizaciones globales como la OIT, que define como capacidad a la “Habilidades cognitivas complejas que posibilitan, la articulación de saberes (Conceptos, Información, Técnicas, Métodos, Valores) para actuar e interactuar en determinadas situaciones” (OIT, 1997)
[3] Este punto también irregular instalado desde hace unos años como parte de una emergencia en la actualidad constituye un signo más de la necesidad de discutir seriamente el sistema de educación superior
[4] Indirectamente las actuales reformas introducen una exigencia de la formación permanente en la exclusiva titulación de posgrados o post- títulos. sin tener una evaluación de la proliferación de especializaciones tomando en cuenta que es una economía residual.
